Mejora en condiciones de acceso a Tarjeta Oro

El equipo de gobierno propone ampliar las condiciones de acceso a los beneficios de las tarjetas de transporte para jubilados

A partir del 1 de junio, todos los pensionistas con ingresos de hasta 800 euros en pensión individual o 1.600 en conjunta podrán viajar gratis en los autobuses de la EMT

El año que viene la gratuidad se extenderá a quienes cobran hasta 850 euros al mes y se añadirá una nueva tarifa de 10 euros al mes para los pensionistas que cobran entre 850 y 1.200 euros (Tarjeta Oro Bonificada)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado que el equipo de Gobierno propondrá ampliar las condiciones de acceso a los beneficios de las tarjetas de transporte para jubilados. Lo hará tanto en el consejo de administración de la EMT, que tiene la competencia para aprobar la modificación de las tarifas, como en el Consejo del Mayor.

Actualmente la ciudad de Málaga dispone de una tarjeta de jubilado gratuita para aquellas personas con una pensión de jubilación o Incapacidad Permanente Absoluta de hasta 750 euros, que en caso de matrimonio se eleva hasta los 1.500 de renta conjunta. Por otro lado, hay una tarjeta jubilado subvencionada (Tarjeta Oro Bonificada) para el resto de los pensionistas, independientemente del importe de su pensión, cuyo coste son 27 euros mensuales sin límite de viajes.

DETALLES DE LA PROPUESTA

La aprobación de la propuesta del equipo de Gobierno supondría que a partir del 1 de junio de 2018 todos los pensionistas con ingresos de hasta 800 euros (si es individual; en caso de ingresos conjuntos, pasaría a 1.600) podrán viajar gratis en los autobuses municipales.

A partir de 2019 la gratuidad se extenderá a quienes cobren hasta 850 euros al mes de pensión individual (1.700 conjunta). También se someterá a aprobación del consejo de administración de la EMT una nueva tarifa con un coste reducido de 10 euros mensuales, también con viajes ilimitados, para todos aquellos jubilados cuya pensión esté entre 850 y 1.200 euros mensuales. En este caso, dado que se trata de un nuevo precio público, entrará en vigor el próximo año, dentro de las ordenanzas fiscales municipales de 2019.